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Vapeadores: el silencioso impacto ambiental

Vapeadores: el silencioso impacto ambiental

La aprobación el pasado septiembre del Anteproyecto de Ley del tabaco (Ley 28/2005), que prohíbe la venta y el suministro de cigarrillos electrónicos o vapeadores de un solo uso por su impacto ambiental y su accesibilidad para la población joven, puede resultar clave para dar solución a la grave problemática ambiental y las dificultades de gestión de los residuos de estos dispositivos.

La dimensión del problema

Los vapeadores son aparatos eléctricos y, al desecharse, se convierten en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) y deben ser gestionados como tales, lo que supone un gran reto por la falta de regulación y por las dificultades que entraña su reciclaje y su integración en un modelo de economía circular.

El rápido aumento del uso de estos dispositivos ha generado un problema a gran escala, con millones de unidades desechadas incorrectamente cada semana. Se estima que 8,1 millones de adultos vapean diariamente en el mundo, generando millones de residuos anuales. En 2020, en Estados Unidos se vendieron 17 millones de unidades en tan solo un mes, y, en Inglaterra, el número de dispositivos tirados a la basura semanalmente se ha cuadruplicado en un solo año, pasando de 1,3 a 5 millones, lo que equivale a 8 vapeadores por segundo.

En España las cifras son más modestas, pero en los últimos años se ha producido un incremento exponencial de su demanda, siendo el consumo entre los jóvenes de 15 a 24 años especialmente prevalente y preocupante. En 2024, con más de 600.000 usuarios activos y un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 28,6% entre 2021-2024, el mercado de vapeo alcanzó los 640 millones de euros.

Si cada usuario consumiese un dispositivo por semana, se podrían llegar a generar más de 30 millones de unidades desechadas sólo en nuestro país, sin contar los residuos de los envases y embalajes.

De la cuna…

La problemática ambiental de los vapeadores de un solo uso comienza ya en su etapa de diseño y producción.

Están formados por diversos componentes electrónicos, que incluyen resistencias, LEDs, plásticos y sustancias peligrosas, como la nicotina, contenidas en el líquido (e-liquid).

Su fabricación requiere múltiples materias primas, algunas de ellas, como litio, cobalto o galio, incluidas en la lista de materias primas fundamentales de la Unión Europea y consideradas críticas para la transición energética.

Se trata de materias primas minerales, en algunos casos escasas, cuya extracción es muy complicada y energéticamente muy exigente, lo que convierte los vapeadores en un objeto con un coste de ambiental muy elevado por la corta vida útil que tienen.

…a la tumba

La etapa más crítica a lo largo del ciclo de vida de este tipo de dispositivos es el final de su vida útil, debido a sus componentes electrónicos y químicos y las dificultades que entraña su gestión.

La mayoría de los dispositivos agotados se depositan de forma errónea y, en su gestión, siguen un flujo de residuos equivocado, mezclados con alguna de las fracciones de residuos domiciliarios, generalmente con la fracción resto o con la de envases, sin recibir un tratamiento adecuado como RAEEs.

Su inadecuada eliminación puede liberar sustancias químicas -el e-liquid puede contener más de 400-, sustancias peligrosas, como la nicotina, y metales pesados, además de plásticos.

Los plásticos utilizados para el cuerpo del dispositivo de vapeo no son biodegradables y se descomponen en microplásticos, además de que los metales pesados de la resistencia y el contacto con el e-liquid, los convierte en residuos peligrosos.

Las baterías de ion de litio, si se dañan o se exponen a temperaturas extremas, pueden provocar incendios. La explosión de las baterías de los vapeadores se ha identificado como causa recurrente de incendios en camiones de recogida e instalaciones de residuos, debido a que, al ir mezclados con la basura domiciliaria, no es posible realizar su transporte y almacenamiento en condiciones de seguridad.

Los últimos datos de incendios relacionados con baterías de litio en vehículos de transporte e instalaciones de residuos muestran el riesgo creciente que entraña su mala gestión: en Francia los incendios se han duplicado entre 2019 y 2023; en Austria se producen entre 180 y 240 incendios al año por esta causa; en Alemania, el 80 % de los incendios (30 diarios) están vinculados a baterías de litio; en Reino Unido, en 2023 se produjeron más de 1.200 incendios relacionados con ellas, un 71 % más que en 2022.

Una sola batería mal gestionada puede provocar un incendio, y muchas veces estas se encuentran ocultas, no solo en los vapeadores incorrectamente gestionados, también en otros dispositivos electrónicos, textiles o tarjetas de felicitación, lo que dificulta su detección y eliminación segura.

No existen muchas opciones para mitigar los impacto derivados de los vapeadores al final de su ciclo de vida. Lo fundamental es desechar estos productos en puntos limpios en los que haya recogida separada de RAEE, o en puntos de recogida habilitados por los distribuidores, para asegurar su correcto tratamiento.

Aunque, hoy por hoy, esta tampoco es una solución completa al problema. No se ha encontrado el camino que lleve de la “cuna a la cuna”. El diseño de los vapeadores de un solo uso, pensado para evitar manipulaciones, hace muy difícil separar sus componentes para que puedan ser reciclados, lo que dificulta enormemente la recuperación y reutilización de los materiales con los que están fabricados y el reciclaje de sus componentes.

Marco legal y gestión

El auge de los vapeadores de un solo uso ha supuesto un nuevo desafío regulatorio para la salud pública en los últimos años, si bien la normativa ambiental no aborda aún su gestión como RAEEs.

Algunos países de la Unión Europea, como Bélgica o Francia, a los que recientemente se ha sumado España con su anteproyecto de ley antitabaco, ya han implementado medidas para limitar o prohibir su venta y consumo.

En la Unión Europea los RAEE se regulan a través de la Directiva 2012/19/UE y en el caso de España, a través del Real Decreto 110/2015. Esta normativa establece criterios para una adecuada gestión de residuos con componentes eléctricos o electrónicos. Pero los vapeadores y cigarrillos electrónicos no están explícitamente mencionados, lo que dificulta su tratamiento, recogida y reciclaje.

Por otro lado, los fabricantes no tienen la obligación legal de gestionarlos una vez han alcanzado el fin de su vida útil, y los consumidores están muy desinformados respecto a su clasificación como residuo electrónico y a su correcta disposición. Asimismo, los puntos de recogida son voluntarios, escasos y tampoco garantizan un correcto tratamiento.

En las instalaciones de residuos y plantas de reciclaje de RAEEs son un problema, porque actualmente no hay forma de reciclarlos, lo que, en último extremo, obliga a su eliminación en vertedero o su exportación a países de baja renta, con el impacto ecológico y el desperdicio de materias que ello supone.

A la búsqueda de soluciones

La prohibición de los vapeadores de un solo uso, junto con otras medidas relativas al envasado, venta, publicitación o etiquetado de cigarrillos electrónicos, reducirá la huella ambiental de los residuos electrónicos y plásticos, además de proteger a la población joven. Asimismo, este nuevo marco regulatorio permitirá una mejor alineación con políticas europeas.

Los cigarrillos electrónicos recargables, si bien se posicionan como una alternativa más sostenible, tienen la misma problemática en cuanto a su eliminación. Para mitigar su impacto ambiental es necesario abordar la gestión de residuos de estos dispositivos desde un enfoque que abarque todo su ciclo de vida: desde su diseño hasta su eliminación.

Es imprescindible promover su regulación legislativa como RAEE, además de fomentar campañas de concienciación y sensibilización para los consumidores, donde se expongan los impactos derivados de su consumo, se informe acerca de su clasificación como residuo electrónico y priorizando alternativas más sostenibles.

Abordar la problemática emergente desde la consultoría ambiental

Altácia puede dar apoyo a los distintos actores involucrados y contribuir a informar y sensibilizar a la población, así como a diseñar planes de acción para productores, distribuidores y otras empresas, identificando las etapas de ciclo de vida con mayor huella ecológica y cooperando para minimizarla.

La consultoría ambiental es vital para el asesoramiento medioambiental de empresas y su adaptación a futuras regulaciones en materia de residuos. Esto contribuye a crear nuevas oportunidades de liderazgo en un contexto donde la innovación es esencial y, especialmente, desde un enfoque más sostenible y con menor impacto en el medio ambiente, implementando estrategias de economía circular en empresas.