La nueva normativa de la Unión Europea sobre la exportación de residuos, que fue aprobada el 11 de abril de 2024, establece medidas más estrictas para la gestión de residuos dentro y fuera de la UE, con el objetivo de avanzar en la transición ecológica.
Estas medidas buscan garantizar que los residuos generados en la UE se gestionen de manera sostenible y que no se exporten problemas ambientales a otros países, alineándose con los objetivos del Pacto Verde Europeo y promoviendo una economía más circular y responsable.
Sus principales consecuencias son:
- Fortalecimiento de la lucha contra el tráfico ilícito de residuos: La normativa refuerza las medidas para combatir el traslado ilegal de residuos, estableciendo sanciones más estrictas y promoviendo la cooperación entre los Estados miembros y las autoridades competentes.
- Restricciones en la exportación de residuos plásticos no peligrosos: Se prohíbe la exportación de residuos plásticos no peligrosos a países no miembros de la OCDE, a menos que estos países hayan solicitado oficialmente la importación y puedan demostrar que cuentan con instalaciones adecuadas para su reciclaje o valorización.
- Mayor control y transparencia: Las empresas exportadoras deberán realizar auditorías independientes para garantizar que los residuos se gestionen de manera ambientalmente adecuada en los países receptores. Además, se establecerán criterios claros para diferenciar entre residuos y mercancías usadas, evitando así la exportación ilegal de residuos como si fueran productos de segunda mano.
- Impulso al reciclaje interno: Al restringir la exportación de ciertos residuos, se busca fomentar el reciclaje y la valorización dentro de la UE, promoviendo una economía circular y reduciendo la dependencia de terceros países para el tratamiento de residuos.
¿Cómo afecta a nuestro país?
España, como Estado miembro de la UE, debe cumplir con la prohibición de exportar residuos plásticos no peligrosos a países no pertenecientes a la OCDE. Esto implica que las empresas españolas que tradicionalmente exportaban estos residuos deberán buscar alternativas dentro de la UE para su reciclaje o valorización.
Es evidente, además, que la nueva normativa promueve una economía circular, incentivando a las instituciones y a las empresas españolas a mejorar sus capacidades de reciclaje y valorización de residuos dentro de nuestras fronteras, lo que requerirá de mayores inversiones públicas y privadas en infraestructuras y tecnologías más avanzadas para el tratamiento de residuos.
Además, las autoridades españolas deberán implementar procedimientos más rigurosos para garantizar que los residuos gestionados en el país se traten de manera ambientalmente adecuada, evitando el traslado ilícito de residuos bajo la apariencia de bienes usados.
